Los alcaldes del PRC pedirán a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), en la asamblea general prevista para el 13 de septiembre, que se posicione en contra del proyecto de ley de reforma de la Administración Local aprobado por el Consejo de Ministros en julio y exija la incorporación de las alegaciones que la propia institución aprobó por unanimidad y que no han sido tenidas en cuenta en el texto remitido a las Cortes Generales.
Además, los regidores regionalistas también pedirán la unión de los ayuntamientos para exigir al Ejecutivo cántabro la creación inmediata de un fondo que garantice que ningún ayuntamiento perciba este año menos financiación que en 2012, al considerar que el fondo de liquidez aprobado a instancias del presidente regional, Ignacio Diego, es “un auténtico fraude”, creado a base de recursos procedentes del Estado y que “nada tienen que ver con la obligación de la Comunidad Autónoma de auxiliar económicamente a los municipios”.
Ambas propuestas, registradas ya para su incorporación al orden del día de la asamblea, han sido presentadas públicamente este martes por el vicesecretario general y portavoz parlamentario, Rafael de la Sierra, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al secretario de Política Municipal y alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, y los alcaldes de Guriezo, Campoo de Yuso y Ribamontán al Mar, Adolfo Izaguirre, Eduardo Ortiz y Francisco Asón, respectivamente, que representan al PRC en la Comisión Ejecutiva de la Federación.
En relación con la reforma del Régimen Local, De la Sierra ha censurado que el proyecto de ley no recoja ninguna de las alegaciones de la FMC, por lo que ha confiado en que los alcaldes del Partido Popular sean “consecuentes” y se sumen a la exigencia de las modificaciones que aprobaron por unanimidad.
Además, ha recalcado que aunque el texto final introduce algunos cambios éstos no afectan en la práctica a los municipios menores de 20.000 habitantes, por lo que existe “una diferencia muy grande” en los efectos que tendrá la ley en ellos y en los de mayor población.
De hecho, ha advertido que los ayuntamientos menores, que en Cantabria son el 97 por ciento del total, “corren el riesgo de quedar absolutamente vaciados de competencias”. “Yo diría que ése es el objetivo a medio plazo de esta ley”, ha afirmado De la Sierra.
Para evitarlo, el PRC quiere que la Federación de Municipios inste la modificación del proyecto de ley y reclame la introducción de una auténtica delimitación de las competencias de las diferentes administraciones y el mantenimiento de un nivel mínimo indisponible en todos los ayuntamientos, con financiación suficiente para su prestación garantizada en la propia ley y en los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Reclama además que sean atendidos todos los criterios que condicionan el coste real de prestación de los servicios, especialmente las circunstancias sociales, geográficas y económicas, y que se abandonen conceptos confusos para establecer “clarísimamente” ese coste real como base de la financiación.
También aboga por garantizar la obligación de la Comunidad Autónoma de colaborar con los municipios en la prestación de los servicios, potenciar las mancomunidades y comarcas y por que los ayuntamientos sean “auténticos gestores políticos” de los intereses de los vecinos, con una remuneración “adecuada” de los alcaldes y cargos necesarios “en todos los ayuntamientos”, incluidos los menores de 1.000 habitantes en los que la nueva ley impide la dedicación absoluta.
Finalmente, demanda respeto a la autonomía local, la consideración de los ayuntamientos como la administración más cercana a la ciudadanía y la neutralidad económica a la hora de transferir competencias regionales a los municipios.
Fondo de Cooperación Municipal
Por lo que respecta a la financiación municipal, el objetivo del PRC es la recuperación del Fondo de Cooperación Municipal eliminado este año por el Gobierno del PP y sustituido por un fondo de liquidez que Rafael de la Sierra ha calificado como “el gran engaño”, porque no sólo ha reducido de más de 15 a apenas 4 millones de euros las aportaciones a los municipios, sino que ha tomado como base los recursos procedentes del Estado, “que nada tienen que ver con la obligación de la Comunidad Autónoma de auxiliar a la Administración Local”.
“Es un auténtico fraude, porque se han tomado cantidades que vienen del Estado para que los ayuntamientos cumplan otro tipo de funciones y son cantidades a cuenta, que serán regularizadas dentro de dos años”, ha explicado el portavoz regionalista.
Además, 89 de los 102 municipios de Cantabria recibirán este año menos fondos que en 2012, de los cuales 83 son menores de 5.000 habitantes, precisamente “los más necesitados y los que más deben ser apoyados”.
Frente a todo ello, la propuesta de los regionalistas insta a la creación inmediata de un fondo para que ningún ayuntamiento reciba menos que el ejercicio pasado, a la recuperación del Fondo de Cooperación Local en el presupuesto de 2014 y a la introducción de una cláusula para que ningún municipio perciba el año próximo menos de la cantidad máxima recibida en 2012 y 2013.
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