La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó el texto con competencia legislativa plena, una vez incorporadas las principales demandas del PNV y rechazadas todas las enmiendas de todos los demás grupos, con lo que el proyecto pasa al Senado.
Además de sus propias enmiendas, el PP solo apoyó cinco de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, todas ellas del PNV, y el dictamen de ponencia solo contó con el apoyo de esas dos formaciones.
El PNV, que ya en el debate de totalidad retiró su enmienda para preservar un principio de acuerdo con el PP, votó finalmente a favor del proyecto después de incorporar en varias enmiendas la mayor parte de sus pretensiones.
Su portavoz, Aitor Esteban, argumentó su respaldo con los avances conseguidos en la adecuación del proyecto a las especificidades forales, lo cual hace que la veamos desde un punto de vista diferente.
Esos avances se concretan en dos enmiendas que salvaguardan la especificidad de las instituciones vascas y que fueron presentadas de forma conjunta por su grupo y por el PP, en algunas otras transaccionadas, y en otras del PNV que obtuvieron el respaldo del grupo mayoritario.
Algunas reclamaciones del PNV, relativas por ejemplo a las mancomunidades, quedan pendientes de un acuerdo durante el trámite en el Senado, pero se mostró convencido de que llegará ese movimiento del PP en la línea esperada.
Los socialistas José Ignacio Sánchez Amor y Gaspar Zarrías, cuyas enmiendas fueron íntegramente rechazadas por el PP, acusaron al Gobierno de firmar la sentencia de muerte de los ayuntamientos, y anunciaron un recurso de inconstitucionalidad, que estará abierto a los grupos que deseen un modelo local diferente.
Denunciaron el debate fugaz del proyecto, sin comparecencias y con un breve trámite de enmiendas parciales sin pasar siquiera por el pleno, por la pretensión del Gobierno de liquidar todo el proceso en apenas dos meses, malogrando con ello una oportunidad histórica de solucionar los problemas de los ayuntamientos.
Zarrías subrayó el desconocimiento de la vida local que demuestra el Gobierno al aprobar este bodrio que ni siquiera cumple con los objetivos que han ido voceando, porque no clarifica competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura y solo consigue abrir la puerta a la privatización, cuando no al desmantelamiento de servicios públicos esenciales.
La mayoría de las enmiendas del PSOE eran de supresión de artículos del proyecto porque, según explicó Zarrías, entiende que la única alternativa es devolver el toro a los corrales y volver a escribir el texto, y para ello expuso la propuesta articulada defendida por los socialistas.
Con el texto que se va a aprobar, aseguró, los dirigentes del PP se pasan por el arco del triunfo, con perdón, el principio de autonomía municipal, y ese es uno de los motivos que sustentará el recurso del PSOE ante el Tribunal Constitucional.
También defendió sus enmiendas Carles Páramo, de CiU, porque la propuesta del Gobierno no sirve para España y tampoco para Cataluña, ya que incumple o ignora el Estatuto de Autonomía , entre otras cosas al entrar en una especie de espiral para controlarlo todo y a todos que lamina el propio concepto de democracia en su ámbito más cercano a los ciudadanos.
Se mostró convencido de que esta reforma aumentará el coste de los servicios, alejará a los ciudadanos de los prestadores de los servicios, crecerá la democracia, y todo ello en contra de varios preceptos constitucionales.
Para la portavoz de Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, el PP hace uso y abuso de su mayoría absoluta ejerciendo como una auténtica apisonadora parlamentaria.
Puede que la reforma satisfaga a la Troika y a las ansias recentralizadoras del PP pero no es válida para la mayoría de alcaldes y concejales, también del partido mayoritario, que tienen que rememorar tiempos predemocráticos para encontrar algo similar.
Rosa Díez, de UPyD, criticó también que el PP quiera liquidar en una tarde una ley de tanta trascendencia para la estructura del Estado democrático, y consideró ese comportamiento descorazonador.
Aseguró que la reforma no resuelve los problemas de financiación de los ayuntamientos, ni la distribución de competencias, ni las duplicidades entre administraciones.
Por el contrario, afirmó, quita a los ayuntamientos competencias en las que han demostrado gran capacidad y cualificación, como determinados servicios, y mantiene otras que sería bueno elevarlas porque han contribuido a la corrupción, como el urbanismo.
ERC mantuvo sus más de cuarenta enmiendas con las que, según Teresa Jordà, pretendía evitar las reiteradas invasiones competenciales y superar el esquema jacobino e ineficiente asentado, por ejemplo, en las diputaciones provinciales.
Denunció que para el PP los ayuntamientos son solo un apéndice del estado central, que tutela a los municipios pero sin resolver sus problemas, tampoco los financieros ni competenciales.
Onintza Enbeita, de Amaiur, denunció el grave ataque a la democracia participativa que supone esta reforma al ignorar el peso histórico e institucional de los ayuntamientos en Euskadi y Navarra, donde sus enmiendas pedían que no se aplicara la ley.
En línea similar, Olaia Fernández, del BNG, rechazó la ingerencia en competencias municipales y autonómicas, y criticó que no se haya materializado el diálogo que prometió el ministro, Cristóbal Montoro, durante el debate de totalidad.
José Alberto Martín-Toledano, del PP, aseguró que muchas de las medidas que el proyecto generaliza y la oposición rechaza ya existen, y criticó la postura obstruccionista que no enriquece el texto sino que se limita al trámite facilón de pedir la supresión de los artículos.
(SERVIMEDIA)
30-OCT-13
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