Las principales estructuras perjudicadas por la Reforma de la Administración Local que acaba de impulsar el Gobierno –ahora seguirá su tramitación parlamentaria–, las 3.735 entidades locales menores (pedanías, concejos, parroquias y juntas vecinales) que hay en España, no van a permanecer de brazos cruzados ante un texto que, a su juicio, les condena a la desaparición. El proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, no suprimirá ayuntamientos finalmente, ni mancomunidades y tampoco reducirá el número de concejales (actualmente hay 70.000) después de aplicar las enmiendas del último informe del Consejo de Estado.
Sin embargo, el proyecto de ley, con el que el Ejecutivo espera obtener un ahorro por encima de los 8.000 millones de euros, sí abre la puerta a un vaciado de competencias de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que deberán adaptarse a un “coste efectivo” medio (sustituye al “coste estándar”) en la prestación de un servicio, ya que si se sobrepasan éste será asumido por la Diputación correspondiente. Es en este escenario de rebaja de funciones a los Consistorios donde el Gobierno, para que cumplan con el principio de estabilidad presupuestaria, emplaza a aquéllos con números deficitarios a presentar un plan de saneamiento que incluya, entre otras cuestiones, la supresión de entidades locales menores, que están bajo su dependencia funcional.
"El Gobierno merma así a toda una legión de voluntarios, a lo que sería la mayor ONG en España, pues hay cinco vocales de media en cada una de estas estructuras” afirma Miguel Gregorio, secretario general de la FEEM
Desde la Federación Estatal de Entidades Locales Menores (FEEM), que aglutina a 800.000 habitantes, denuncian que “dada la mala situación económica por la que atraviesan muchos municipios se puede dar la particularidad que una entidad menor, con superávit y saneada, sea suprimida debido a las dificultades del ayuntamiento matriz para corregir su déficit”. Su secretario general, Miguel Gregorio, señala a Vozpópuli que “las entidades más afectadas por la nueva normativa son las que más solvencia económica tienen; el Gobierno merma así a toda una legión de voluntarios, a lo que sería la mayor ONG en España, pues hay cinco vocales de mediaen cada una de ellas”. Gregorio precisa que la mayoría de estos alcaldes pedáneos y vocales no percibe salario por sus tareas de gestión.
Asimismo, el Ejecutivo obliga a pedanías, concejos, parroquias y juntas vecinales a presentar sus cuentas al Estado y a las comunidades autónomas antes de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, ya que de no hacerlo se disuelven y se integran en los Ayuntamientos de los que dependan, correspondiendo a los municipios la prestación de los servicios que ellas cubrían. A partir de aquí dejan de tener personalidad jurídica propia y no podrán crearse otras estructuras similares. Ese breve plazo de tres meses para aportar su balance económico es criticado por la FEEM, que advierte de cómo en un buen número de entidades locales menores “los servicios de Secretaría-Intervención se hacen desde el Consistorio matriz, pues así está contemplado en la Ley de autonomía local de Andalucía 5/2010 y en la propia Ley 7/85 de Bases de régimen local”.
En este sentido, la FEEM recalca que el funcionario de dicho departamento suele dejar para el final la situación de la entidad local menor, cuyas cuentas rara vez se llevan al día. Así, tanto la carga de trabajo como la falta de personal pueden conducir a la desaparición del citado ente. En el Ayuntamiento de Jerez, por ejemplo, hace unos meses la jubilación de un funcionario de la Secretaría-Intervención dejó sin servicio durante semanas a siete entidades locales, según la federación.
La Reforma Local “incentivará la despoblación del núcleo rural que ya existe, con el riesgo que lleva aparejado, por ejemplo, en la prevención de incendios forestales por parte del hombre”, advierten desde la federación
Además, Gregorio subraya que “las entidades menores que subsistan no recibirán las mismas ayudas públicas, entre ellas el PER, que con la ley actual”, pues el Gobierno las deja fuera de la lista de futuras estructuras perceptoras. En ese caso, “las Diputaciones provinciales no están obligadas a realizar inversiones en favor de aquellas entidades cuyos servicios asuman, como puede ser el arreglo de un camino rural”. Para Gregorio, la Reforma Local “incentivará la despoblación del núcleo rural que ya existe, con el riesgo que lleva aparejado, por ejemplo, en la prevención de incendios forestales por parte del hombre”.
En este contexto, la FEEM ha diseñado un calendario de protestas que llevará a sus representantes a realizar todos los viernes que restan de agosto y de septiembre actos de protesta contra la Reforma Local. Ello como antesala de la manifestación convocada para el 27 del próximo mes en Madrid que recorrerá al mediodía el eje Tribunal Constitucional-Palacio de La Moncloa bajo el lema “No a la supresión; sí a la financiación y competencias básicas”. Entretanto, para este lunes hay prevista una concentración en Villadiego (Burgos) y el día 19 en El Perelló, entidad local menor de Sueca en Valencia. Posteriormente, se realizarán actos en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.
Artículo de Segundo Sanz publicado por vozpopuli.com
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