Si esta Ley se aprobase las diputaciones "tendrían capacidad plena para decidir como se gestionarán o hacerlo directamente los abastecimientos de agua", confirma IU. "Lo que significa que las juntas vecinales perderán toda capacidad para ofrecer este servicio a sus vecinos", apuntan.
"Las diputaciones no solo se verán reforzadas en su capacidad para gestionar servicios, también en recaudación de tasas e impuestos y en materia de toma de medidas contra los ayuntamientos y juntas vecinales a los que se obligue por tener déficit presupuestario a aprobar un Plan económico y financiero", critican. Esta cuestión "no es baladí", "una junta vecinal que tenga déficit en alguna de sus competencias o servicios que ofrezca será disuelta y su capacidad para cobrar tasas e impuestos estará en manos de la Diputación", añaden, "dejando su autonomía muy mermada por no decir desaparecida".
"Estamos ante la intervención definitiva de los ayuntamientos y las juntas vecinales por parte del Ministerio de Hacienda, que junto y en coordinación con las diputaciones, podrá impugnar cualquier acuerdo de junta vecinal que incumpla la ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cualquier junta vecinal que sufra déficit en sus servicios o en su presupuesto será disuelta", denuncian.
"Si esta Ley se aprueba, cada 1 de noviembre los municipios y juntas vecinales, ambos por igual, deberán presentar un informe con el 'calculo de coste efectivo de los servicios que presta'. Los criterios para realizar el cálculo se aprobará por medio de una Orden Ministerial. En el caso de déficit las pedanías serán disueltas", explican.
Finalmente, denuncian que "la pérdida de personalidad jurídica de las entidades locales menores, que tan solo las existentes y las que iniciaron su proceso de constitución antes del 1-1-2013 mantendrán su capacidad legal, que les roban sus servicios de abastecimiento de aguas a favor de las Diputaciones, que de no presentar sus cuentas en el plazo de 3 meses tras la entrada en vigor de la Ley serán disueltas por la Junta, que su liquidación significaría que sus derechos, obligaciones y propiedades pasarían a los municipios y sus Montes de Utilidad Pública a la Junta y por último que cualquier tipo de déficit en el ejercicio de sus competencias supondrá también su disolución".
"Estamos ante el robo del 55% de la provincia de León, en manos de concejos abiertos que deben impedirlo, un atraco a la democracia que merece una respuesta contundente por parte de todos y todas", critican. Y piden que "es nuestro patrimonio público, comunal y cultural el que está en peligro y debemos defenderlo".
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