Publicado por andaluces.es
El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la reforma local que promueve Moncloa, no sólo va alterar el concepto de autonomía local por la visión “economicista” sobre la que se asienta y por la “recentralización” o “deconstrucción” del modelo institucional vigente. El informe elaborado por la Junta sobre este proyecto y el documento de posicionamiento de la Consejería de Administración Local recogen que aparte de las víctimas directas, que van a ser los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las diputaciones, las hay indirectas: las comunidades autónomas. Estas tendrán el plazo de un año para hacerse cargo de nuevo de las competencias delegadas en manos municipales de servicios sociales, y cinco años para sanidad y educación. La Junta ya ha hecho sus cálculos: 330 millones de gasto extra en educación y 173 en políticas sociales. Faltaría el coste sanitario.
Estas cifras son importantes tanto por su volumen como por el hecho de que el Gobierno central no tiene previsto transferir financiación extra a las comunidades. El informe, al que ha tenido acceso andalucesdiario.es, pone de relieve esta circunstancia y advierte de que “puede comprometerse el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria” y que “los objetivos de déficit deberán ser revisados”. Un déficit que para Andalucía, desde el miércoles, ya está marcado en un 1,58% (se decidió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera).
El informe alerta de que la recuperación de competencias y la falta de financiación “puede comprometer el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”
Estos no son los únicos números negativos. El informe también pone el acento en que esa devolución de las competencias “impropias” (en realidad son competencias delegadas y pactadas por las comunidades y los ayuntamientos) se va a llevar por delante 40.000 puestos de trabajo a medio plazo (200.000 empleos en el país). Un cálculo que se apoya en esa cartera de servicios municipales que, por no cumplir con unos estándares de coste y calidad, irán a parar a manos de las diputaciones (el 89% de los municipios andaluces tiene menos de 20.000 habitantes). Como recoge el documento, la pérdida de servicios por “una dogmática aplicación de la lejanía administrativa eficiente” conllevará a corto plazo la disolución de muchas empresas públicas, y sus servicios pasarán a manos privadas ante la más que previsible incapacidad de las corporaciones provinciales de asumir esa carga.
A pesar del impacto de las cifras, el estudio del departamento que dirige Diego Valderas no se detiene tanto en ellas. Es lógico que no den o no puedan dar más. Una de sus principales críticas a la reforma local redactada por el Ministerio de Hacienda es que carece de memoria económica y no da ningún dato que avale el supuesto ahorro que si en el anteproyecto de febrero era de 7.100 millones, ahora sube en su última versión, ya como proyecto de ley, a los 8.024 millones.
Colisión grave de leyes
Lo que más preocupa al Gobierno andaluz es que el espíritu municipalista del Estatuto queda en entredicho por una norma estatal. Hay una “colisión grave” entre ambas, como se ha encargado de repetir estos días Valderas, que ha recordado que una prevalece sobre la otra: la andaluza es orgánica y la segunda es ley ordinaria. Y la primera, en sus artículos 92 y 93, es donde está la clave: garantiza a los municipios “un núcleo competencial propio que será ejercicio con plena autonomía” y establece la transferencia y delegación de competencias en los Ayuntamientos siempre con la necesaria suficiencia financiera, “quedando en el ámbito de la Junta de Andalucía la planificación y el control”. Esa es la principal fortaleza del recurso de inconstitucionalidad que la Junta podría presentar contra la ley de Montoro, si finalmente el informe jurídico que se ha encargado así lo aconseja: hay una invasión de competencias.
Pero mientras llega el recurso al Tribunal Constitucional y se resuelve, el primer efecto de la reforma local es que va a dejar en vía muerta uno de los principales hitos del Gobierno andaluz de la pasada legislatura: la Ley de Autonomía Local (LAULA), aprobada en mayo de 2010, y que se llegó a llamar el “Estatuto de los Ayuntamientos”. La primera norma del país por la que una comunidad, Andalucía, fue capaz de definir las 29 competencias básicas de los ayuntamientos y cómo canalizar la asunción de otras de rango autonómico, rellenando los huecos y coladeros que dejaban tanto la Constitución (artículo 137) como la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL). Abría el abanico de los servicios de gestión municipal, mientras el Gobierno central lo quiere ahora cerrar.
La Ley de Autonomía Local andaluza abre el abanico de la cartera de servicios de gestión municipal que el Gobierno central quiere ahora cerrar
La prueba de ese golpe mortal a la LAULA está, precisamente, en una de las principales novedades del último texto redactado por Hacienda (hubo hasta 10 borradores): el cambio del criterio del “coste estándar” por el “coste efectivo”. El dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de febrero advirtió de que el Gobierno central no tenía potestad de fijar ese coste “estándar” de los servicios y que de hacerlo sería un “exceso” competencial, porque los ayuntamientos que no encajaran en ese límite rebotarían esos servicios a las diputaciones. Ahora, con el “coste efectivo” es el propio ayuntamiento quien valora el servicio que va a prestar, pero quedan bajo el control del Ministerio de Hacienda, es decir, si el precio ofrecido por la administración local “no es competitivo”, pasa a las diputaciones. No es más que una fórmula para “sortear” el dictamen del Consejo de Estado y, como apunta el informe, “astilla” la autonomía local y el autogobierno “bajo el pretexto del ahorro de costes”.
La otra ley pionera andaluza que también quedaría afectada, según explicó a este medio Valderas, es la Ley de Participación de los Ayuntamientos en los tributos de la comunidad (Patrica). Esta norma establece que de las arcas autonómicas saldrá anualmente un fondo incondicionado a los 771 ayuntamientos andaluces, que estaba previsto que en 2014 alcanzara los 600 millones de euros. La razón de su bloqueo es que ese fondo se reparte en función de una serie de variables indicadoras de la necesidad de gasto y de la capacidad fiscal.
Las conclusiones de este informe son demoledoras (redactado en tiempo récord, ya que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes, aunque había un documento previo sobre el anteproyecto y que fue el que se elevó como alegaciones al Consejo de Estado). Directamente se acusa al Gobierno central de pretender “más tutelaje, menos democracia y menos participación de los asuntos públicos”, ocultando bajo el paraguas de la “clarificación de competencias” lo que en realidad es “reducción a la mínima expresión de la Administración local” mientras se potencia la privatización de servicios públicos. Y lo que más inquieta: se pretende un cambio en las relciones entre Gobierno, comunidades y ayuntamientos sólo desde la perspectiva del “ahorro”, es decir, con una visión más coyuntural que otra cosa, que en futuro tendrá una difícil reversión (se ha utilizado como cebo el “discurso populista” del ahorro en los salarios de los alcaldes y concejales), y afectando a los ayuntamientos que son la administración que menos déficit genera (menos del 4%).
A esto se añade que para este cambio en las reglas del juego no ha habido lealtad institucional y no se ha contado con las administraciones afectadas, de ahí que la Junta esté reclamando la convocatoria de la Conferencia sectorial local y su intervención en el Senado.
Pero la conclusión política más importante es que “la reforma no piensa ni un minuto en el receptor último de los servicios públicos locales ni las consecuencias que tendrá esa reforma para los ciudadanos”. Es decir, no piensa en tres millones vecinos de 691 municipios de menos de 20.000 habitantes, que tendrán sus ayuntamientos desmantelados y convertidos en una oficina de tramitación de quejas y solicitudes, cuyos problemas más importantes se resolverán a kilómetros de distancia de donde residen, en las diputaciones, y por diputados a los que no han votado (son un resultado indirecto de las urnas, porque son elegidos por sus partidos). Habrá ciudadanos de primera y de segunda.
